jueves, 10 de mayo de 2018

Sunedu y el proceso de licenciamiento


“En mayo del 2019 concluiría el proceso de licenciamiento”

El nuevo titular de la Sunedu estima que la evaluación de las universidades que aún no cuentan con licencia terminará hacia el próximo año.

El martes, el Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la designación de Martín Benavides como jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). El funcionario, quien en marzo asumió el cargo de forma interina tras la destitución de Flor Luna Victoria, conversó con El Comercio sobre sus metas para la reforma universitaria.

— En una entrevista previa, usted dijo que no pensaba quedarse como jefe de la Sunedu. ¿Qué cambió?
Ratifico lo dicho entonces: no estaba en mis planes asumir una función pública. Ser designado superintendente interino me tomó por sorpresa. Durante estos dos meses, me convencí más de que podía invertir parte de mi vida académica y profesional en el cargo. Por ello, cuando finalmente me lo pidieron, acepté.

— ¿El ministro de Educación, Daniel Alfaro, le pidió priorizar algún aspecto?
Más que un direccionamiento, me preguntó mi visión para la Sunedu. Se la dije, y respetando la autonomía de la entidad me respondió que estaba de acuerdo. Coincidimos en que se requiere una mejor articulación entre nosotros y el Minedu.

— ¿Qué buscan articular?
Por ejemplo, debemos trabajar juntos en un sistema único de información universitaria. Asimismo, tenemos que elaborar el eventual plan de cierre de algunas universidades [que no obtengan el licenciamiento].

— ¿Cuál es su visión sobre el licenciamiento?
Queremos dar el mensaje de que el licenciamiento es un proceso de transformación de la calidad. No estamos de acuerdo con lo que se dice a veces: que esta es una reforma burocrática. Una universidad licenciada antes no tenía un plan de estudios adecuado a la Ley Universitaria, ya lo tiene; tampoco contaba con un vicerrectorado de investigación, ya lo tiene. Es un proceso de mejora continua.

—¿Y las universidades que no se adecúen a la reforma?
Van a tener que cerrarse. Eso no ha cambiado. Ahora, tenemos que hacer una mejor lectura de las fechas que se han dado en relación con el proceso de licenciamiento. Estamos evaluando eso para asegurarnos de que aquellas universidades en plena transformación y con voluntad de cambio no se vean sacrificadas por una fecha. Dicho eso, creo que en mayo del 2019 concluiría el proceso de licenciamiento. Esa es la fecha relevante para mí.

— Concluir el proceso de licenciamiento no implica que todas las universidades sean licenciadas, ¿o sí?
No. Es culminar toda la evaluación, todo el proceso [que incluye la revisión documentaria hasta la verificación presencial]. ¿Cuántas universidades serán licenciadas al 2019? No lo sabemos aún.

— A la fecha, solo 36 universidades se han licenciado en tres años de reforma [25% de 145 que solicitaron la licencia]. ¿No es muy ambicioso proyectar el fin de todo el proceso a un año?
Debemos tener cierto nivel de ambición. Este es el año del licenciamiento; la visión es priorizarlo porque hay la necesidad de dar calma a la comunidad universitaria, y concluir este ordenamiento iniciado en el 2015.

— La Asociación de Universidades del Perú (ASUP) congrega a 71 universidades en proceso de licenciamiento o ya licenciadas. Aun así, esta entidad es bastante crítica con la reforma. ¿Qué le dice esto?
No sé cuáles son los intereses de ese grupo. Creo que están faltando a la verdad, en el sentido de que tenemos evidencias de que el proceso de licenciamiento no ha debilitado a las universidades, sino que las ha acercado a un estándar de calidad superior al que tenían.

— Hace unas semanas, la ASUP propuso que se modifique la Ley Universitaria para que los rectores elijan al consejo directivo de la Sunedu, y ellos designen al superintendente. Para algunos, esto sería regresar al modelo de la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR). ¿Qué opina?
Estoy en desacuerdo cuando dicen que el consejo directivo no tiene representantes de la comunidad universitaria. Sí los tiene, y elegidos por concurso público. Hoy hay dos representantes de la universidad pública, y tendremos un tercero.

— El congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra) también retomó su proyecto de ley que tiene una propuesta muy similar a la de la ASUP sobre la elección del consejo directivo y del superintendente. La iniciativa está en la Comisión de Educación. ¿Amenazaría a la reforma?
Desde que se creó la Sunedu siempre hubo una amenaza de personas que, creo, todavía no han entendido el sentido de la reforma.

— ¿Congresistas también?
Seguramente. Quiero convencerlos de que esta reforma es positiva para la universidad peruana. Y si tienen una orientación en esa dirección, no deberían preocuparse de la existencia de la Sunedu ni de su autonomía, porque no tengo ninguna relación política con ningún partido. Sobre el proyecto de Velásquez Quesquén, prefiero no pronunciarme.

— El primer ministro César Villanueva anunció que el Ejecutivo “está revisando las exoneraciones tributarias a las universidades privadas en el país”, que en algunos casos generan excedentes y utilidades. ¿Esta “revisión” ha sido coordinada con la Sunedu?
No hemos tenido ninguna conversación [al respecto].

— Pero si se anulan estas exoneraciones, ¿eso no afectaría a la reforma?
Veamos. La Sunedu tiene como función supervisar que la reinversión de excedentes o utilidades se oriente a mejorar la calidad universitaria. Cuando hicimos un análisis, me preocupó que menos del 5% de estas utilidades haya sido dirigida por las universidades a fortalecer la investigación. La mayor parte se invertía en activos fijos. Ahora bien, no estamos en condiciones de saber si esos activos están vinculados a la mejora requerida. Todavía tenemos que investigar este tema.

— Precisamente, ¿Sunedu no debería ser parte del proceso de “revisión” propuesto por Villanueva?
Estoy seguro de que nos van a invitar.

Fuente: El Comercio

sábado, 27 de enero de 2018

¿Por qué regular los mercados de servicios educativos?

¿Por qué regular los mercados de servicios educativos? 11 razones

Escribe: Hugo Ñopo

La temporada escolar no llega sola. Viene con preocupaciones por los precios de las matrículas y las pensiones de los colegios. Entre las voces alarmadas no faltan quienes piden regular los precios en los mercados educativos. No obstante, lo que esas voces ignoran es que muchas veces ello puede hacer más daño que bien. La regulación de precios no tiene por qué ser el único camino para mejorar el funcionamiento de un mercado.

Como bien dijo Jean Tirole, un estudioso de los mercados imperfectos, en una entrevista brindada apenas supo que recibiría el premio Nobel: “…(la regulación) es específica para cada industria. La manera en que se regula tarjetas de crédito no tiene nada que hacer con la manera en que se regula la propiedad intelectual o los ferrocarriles. Hay muchos factores idiosincráticos. Esto es lo que hace todo tan interesante.”

Entonces, ¿cómo regular el mercado de servicios educativos? Una buena respuesta a esta pregunta requiere primero entender cómo funciona este mercado específico. ¿En qué medida difiere del modelo de competencia perfecta? ¿Qué fallas tiene?

A continuación, un listado de 11 razones por las que los mercados de servicios educativos difieren del mercado ideal con competencia perfecta. Un punto de partida de estos argumentos fue publicado primero en este artículo y ahora es parte de un estudio que actualmente llevo a cabo con mi colega María Balarin, de GRADE. Aunque algunas de estas fallas no son exclusivas de los mercados de servicios educativos, en conjunto hacen que el mercado de la educación sea tan particular

1.La entrada y salida de los agentes no es libre, tiene fricciones.

Los colegios y los padres de familia enfrentan barreras, tanto a la entrada como a la salida. Varios hemos pasado por la experiencia de buscar colegios y sabemos cuan difícil es encontrar vacantes. Los promotores de colegios saben muy bien que entre la decisión de abrir un colegio y el momento de efectivamente comenzar a operar transcurre mucho tiempo. Algunas de estas barreras limitan la competencia, con la consecuente implicancia de pérdidas sociales. Pero algunas otras, aunque parezca irónico, resultan ser positivas para la sociedad. En el modelo de competencia perfecta sobreviven solo las empresas competitivas, las que no lo son desaparecen del mercado. Sin embargo, en un mercado educativo, el costo social de la desaparición de un colegio es grande. La desaparición de un colegio no siempre es un evento deseable.

2. Hay problemas de información asimétrica.

La información sobre la calidad que maneja un colegio es diferente a la que maneja un consumidor potencial (padre de familia o estudiante) y es distinta a la que maneja un consumidor actual. Un director de colegio, o sus profesores, son conscientes de las limitaciones que pueda tener su propuesta educativa. Sin embargo, no están dentro de sus propios intereses que estas posibles deficiencias se transparenten frente a todos. Para los padres de familia que están buscando colegio para sus hijos por primera vez, no existe una fuente de información accesible, amigable y confiable que les pueda ayudar en la toma de decisiones.

3. La calidad del servicio es difícil de observar o medir.

Las dimensiones relevantes de la calidad son muchas, pero no todas son fácilmente observables. Si bien es posible medir con cierta confiabilidad los logros de aprendizaje de los estudiantes en matemáticas, lectura, historia, ciencias y otras materias, es más difícil medir los resultados de los estudiantes en pensamiento crítico, innovación, capacidad de trabajar en equipo, perseverancia y en un conjunto amplio de habilidades socioemocionales relevantes para el éxito futuro de sus estudiantes. Mencionar la palabra “futuro” me lleva a la cuarta particularidad de los mercados de servicios educativos.

4. La calidad se revela después de la provisión del servicio, mucho después de haber terminado la transacción.

El éxito de un proyecto educativo se revela algunas décadas después de que los estudiantes abandonaron las aulas. La respuesta a la pregunta “¿qué tan bueno es tal o cual colegio?” finalmente se responde mirando la trayectoria de vida de sus egresados. ¿A qué universidades fueron? ¿Qué tan buenos profesionales son? ¿Qué tan buenos ciudadanos son? Sin embargo, para ese entonces, la transacción económica por el servicio educativo ya terminó y queda poco lugar para el reclamo por parte de los padres de familia.

5. Aún con información completa y simétrica para todos los agentes, los seres humanos cometemos errores sistemáticamente.

No siempre actuamos como el agente racional que se asume en los modelos de competencia. Los padres prestan atención a factores que no necesariamente están directamente vinculados con una mejor calidad educativa. Un ejemplo: el número de materias. Esta “racionalidad acotada” viene siendo advertida por la literatura de economía del comportamiento, con resultados muy interesantes (Kahneman 2002 y varios seguidores). La buena noticia que traen estos avances es que es posible mejorar las decisiones de las personas con ciertos estímulos (“nudges”) que los llevarían a elegir mejores resultados.

6. Hay un agente particularmente grande que puede mover el equilibrio del mercado con su accionar: el Estado.

Uno de los supuestos centrales de la competencia perfecta es que ningún agente tiene el poder suficiente para determinar que el mercado se mueva según sus decisiones. En educación esto es distinto. El Estado, dado su tamaño, determina ciertos estándares y precios. Una de las decisiones que resulta fundamental es la de los salarios de los docentes. Si el Estado decide subir los salarios de sus docentes, al colegio privado no le queda mucha opción al respecto. Necesitará subir los salarios de los docentes que desea mantener.

7. La educación adquirida se convierte en un bien posicional.

En los mercados de trabajo, no basta con que un individuo esté capacitado para una posición. Es importante que el individuo esté mejor capacitado que el resto de sus competidores. Así, no solamente importa el consumo de un servicio educativo en términos absolutos (en términos de qué calificaciones adquiere el individuo), sino también en términos relativos (en relación a qué calificaciones, por encima de sus potenciales competidores, adquiere el individuo). Esto impone serios retos para la determinación natural de precios competitivos en los mercados.

8. El servicio educativo genera un bien público.

Esto es algo que el propio Adam Smith tenía claro al decir que el ser parte de una sociedad “letrada y numerada” era un bien público. El que se formen más ingenieros, médicos o docentes genera bienestar para toda la sociedad. Por esto, el costo de la formación de un individuo no debería ser solo responsabilidad del individuo o su familia. La sociedad, al ser beneficiaria última de esta formación, debería asumir también parte del costo.

9. La calidad del servicio educativo no depende solo del proveedor.

Esto marca una diferencia muy importante entre el mercado de servicios educativos y la mayoría de mercados de servicios. La calidad el servicio de la cafetería en la que estoy mientras escribo estas líneas depende fundamentalmente de la cafetería misma: sabor y temperatura del café, calidad de los muebles, iluminación, ventilación, atención del personal, etcétera. En el servicio educativo, no obstante, el esfuerzo del estudiante y su familia, importan. Más importante, las condiciones socioeconómicas de las familias de los estudiantes importan. Esto genera una inequidad importante en las oportunidades; la cual, si no es tomada en cuenta a tiempo, perpetúa la inequidad de los resultados económicos.

10. La frecuencia de las transacciones importa

En gran medida, nuestra experiencia como consumidores se construye sobre la base de hacer transacciones. En alguna de ellas acertamos, en otras erramos. La contratación del servicio educativo es mucho más esporádica que la de otros servicios. En algunos casos, la decisión sobre a qué colegio enviar a los hijos sucede una vez en la vida. Los consumidores del servicio educativo difícilmente pueden adquirir gran experiencia acerca de las mejores maneras de buscar y contratar el servicio. Y el eventual error de contratar un mal servicio educativo puede ser muy caro, con impactos en la vida de las personas.

11. Hay externalidades.

Un estudiante aprende no solamente de los profesores y tutores que provee un colegio. Aprende también, y en una gran medida, de sus compañeros de clases. Aquí radica gran parte de la riqueza del proceso educativo, en esto que la literatura llama los efectos de pares. Estos dan cuenta de una de las sinergias más importantes que se genera en el proceso pedagógico. Potencialmente, además, se trata de una de las más peligrosas, pues eventualmente perpetuaría inequidades.

Para el final, el elefante en el salón. Oliver Hart, un estudioso de la teoría de los contratos, en esta entrevista, también ofrecida a pocas horas de enterarse que recibiría el Nobel, dijo algo apunta a un problema que probablemente esté en el corazón de los mercados de servicios educativos: “Creo que puede haber problemas si las escuelas buscan ganancias y una solución es que no tengan fines de lucro”. Así pues, es difícil pensar que una empresa con fines de lucro sea capaz de ofrecer la mejor educación posible. Cualquier centavo que vaya a engrosar las utilidades del negocio es un centavo que pudo haber ido a la mejora de la calidad educativa ofrecida a nuestros estudiantes. Aquí vale la pena recordar que precisamente esto último es el objetivo central de la política pública en esta materia: proveer educación de la mejor calidad para todos.

El lector se preguntará si este listado ya es suficiente para comenzar a diseñar el conjunto de intervenciones/regulaciones óptimas para los mercados de servicios educativos. Lamentablemente la respuesta es aún no. Es necesario añadir a estas consideraciones conceptuales una buena dosis de contexto. ¿Qué especificidades tiene la realidad local? ¿Qué buenas prácticas internacionales son adaptables a esta realidad? Son algunas de las preguntas que guiarían los próximos pasos.

sábado, 16 de septiembre de 2017

FUJIMORISMO: LA EDUCACIÓN COMO MERCANCÍA

Con la Constitución Política de 1993 nacida en la dictadura de Fujimori, se liberalizó la educación, es decir, se avaló la iniciativa privada indiscriminada para la creación de oferta educativa a nivel básico y superior. Con ello se dio carta libre para hacer de la educación una mercancía, un gran negocio, al estar exonerada de todo impuesto. Pero además, con una pobre regulación se generaron escuelas, colegios, institutos y universidades por todo el país, ofreciendo servicios de muy mala calidad a nuestros niños y jóvenes. Y luego nos preguntamos ¿Por qué los niveles educativos en el Perú son tan bajos? Sin duda, esta es una de las razones.

UNIVERSIDADES POR DOQUIER

Hasta 1990 el Perú contaba con 51 universidades en todo el territorio. Con la Constitución de 1993 fue posible la creación de decenas de universidades. El artículo 17 señala entre otros: “…Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no pueden sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa…”. La suerte estaba echada, las universidades ya no se crearían por ley como establecía la constitución anterior, sino que un organismo, en aquel entonces la CONAFU, autorizaba las licencias de funcionamiento.

Cabe mencionar que durante el periodo fujimorista no se creó ninguna universidad pública, por el contrario, estuvieron intervenidas militarmente hasta 1998 por ser consideradas “focos terroristas”. Muy conveniente por cierto.

CON LICENCIA PARA EDUCAR CON CALIDAD

Actualmente, según la página web de SUNEDU tenemos 143 universidades en el Perú, 51 públicas y 92 privadas. De todas ellas solo 14 han alcanzado el ansiado licenciamiento.

Con la última Ley Universitaria Nº 30220 y contra todo pronóstico, se está poniendo orden para garantizar que la Educación Superior se brinde con responsabilidad y calidad. Si bien se tejieron argucias y mañas para impedirlo, la SUNEDU no ha cesado en la labor de pasar por evaluación a todas las universidades a través del proceso de licenciamiento, que no es otra cosa más que la verificación del cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), que implica que las universidades aseguren que sus docentes alcancen los grados académicos que corresponden para llevar adelante la educación universitaria, que los centros cuenten con todos los servicios para impartir la oferta educativa, que los recursos se destinen a los fines educativos y al mejoramiento de la calidad, entre otras medidas. Solo cumpliendo con estas condiciones, una universidad está en capacidad de brindar los grados y títulos que correspondan.

Los que pensamos que la educación no es una mercancía sino un derecho de todos y todas, esperamos que los procesos de licenciamiento no bajen la valla, no cedan ante las presiones. Las 92 universidades que aún no cuentan con el licenciamiento tienen la oportunidad hasta julio del 2018 de mejorar sus servicios educativos, revisar las contrataciones de sus docentes e invertir todo lo necesario para alcanzar los estándares.

Aquellas que no lo logren quedarán prohibidas de convocar a procesos de admisión, brindar servicios o extender títulos universitarios. ¿Y qué pasará con aquellas que no están dispuestas porque solo pensaron en enriquecerse a costa de las expectativas de los jóvenes y sus familias que soñaron con un título universitario? Tendrá que haber alguna alternativa.

Por lo pronto se ha anunciado que hay 50,000 estudiantes que estudian en 79 establecimientos informales de 14 universidades que no tienen licencia para funcionar. En estos casos se les permitirá continuar el presente semestre porque en el 2018 ya deben ser reubicados. ¿Qué pasará con los estudiantes de provincia que no pueden trasladarse a sedes autorizadas? ¿Habrá alternativa para ellos y ellas sin que eso signifique flexibilizar las condiciones de calidad exigidas por la ley?

FUJINEGOCIOS

Sin duda hay grandes inversiones detrás de las universidades improvisadas, no para formar a los mejores profesionales del país sino para financiar negocios y campañas políticas.

Hace algunos meses un diario nacional saco a la luz la lista de 16 congresistas fujimoristas vinculados a universidades, entre ellos: Lucio Ávila, Osías Ramírez y Alberto Oliva. No es casualidad que se hayan opuesto a la ley universitaria, como tampoco es casualidad que sean de la bancada fujimorista aquellos congresistas ávidos porque acabe la moratoria en diciembre que impide la creación de nuevas universidades.

¿Sería justa y necesaria la creación de más universidades considerando que las existentes no cumplen con los estándares de calidad? Al respecto, el SUNEDU ha sido claro que el nacimiento de una nueva universidad tendrá que ser bajo las condiciones básicas de calidad que establece la ley. Aun así, habría que preguntarle al MINEDU si existen estudios de demanda de nuevas universidades que justifiquen su creación.

LLAMADO CIUDADANO

Desde esta tribuna me atrevo a hacer un llamado ciudadano a defender la educación superior como un derecho, a exigir la calidad que nuestros jóvenes y profesionales se merecen, a no transar con aquellas ofertas que venden un sueño a cambio de unos pocos soles. Desconfiemos de aquellas universidades que ofrecen ingresos gratuitos, créditos y mil facilidades para los estudios de sus hijos.

Un segundo llamado es a exigir el fortalecimiento de la universidad pública, si bien son las menos que han alcanzado el licenciamiento, es necesario apostar por ellas y, como en muchos lugares del mundo, debieran ser las mejores del país.

Estemos alerta en relación a las 79 sedes informales de universidades cuya lista podrán encontrar en www.sunedu.gob.pe, y recuerde que sus estudiantes solo podrán hacerlo este semestre, luego serán reubicados. Finalmente, estemos alerta porque los viejos y nuevos negociantes de la educación, ya tienen listos e ingresados 14 proyectos de creación de nuevas universidades, según ha circulado en los medios. Estemos vigilantes.


Fuente: Diario Uno

lunes, 11 de septiembre de 2017

La activa labor de la Sunedu

LA ACTIVA LABOR DE LA SUNEDU

No hay semana que pase que no veamos una noticia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informando sobre la marcha del proceso de acreditación de universidades, advirtiendo sobre las carreras profesionales y sus respectivas casas de estudios autorizadas o, como en la información publicada ayer en El Peruano, sancionando a asociaciones que ofrecen servicios educativos superiores de manera fraudulenta.

Editorial del 9/9/2017

En suma, fiscalizando, supervisando y sancionando, para garantizar que el estudiante reciba una educación superior idónea, un aspecto que no existía antes de su creación, cuando esta labor estaba en manos de la Asamblea Nacional de Rectores.

El Tribunal Constitucional ha resuelto que la Ley Nº 30220-Ley Universitaria y sus esquemas de supervisión son coherentes con el orden constitucional que asegura la autonomía universitaria; y al hacerlo, ha subrayado, además, la necesidad de que el Estado peruano ejerza un rol rector y supervisor de la educación universitaria por ser también su deber certificar la calidad de la educación en esta etapa del sistema educativo nacional.

Seguramente, hay muchas cosas que mejorar en la Sunedu, pero no podemos negar que el tiempo le viene dando la razón a la Ley Universitaria, en el sentido de que la oferta de la educación superior requería una institución de estas características, que exija a las universidades un mínimo de nivel académico para funcionar, pero, sobre todo, que se convierta en un referente válido para padres y estudiantes al momento de escoger la carrera y la institución académica en la que seguirá sus estudios.

Basta entrar al portal institucional www.sunedu.gob.pe para enterarse de las universidades que cuentan con acreditación, de las carreras autorizadas y sin autorización, y de los establecimientos sin licencias.

Si a eso le sumamos el portal www.ponteencarrera.pe del Ministerio de Trabajo, que informa sobre el nivel de empleabilidad y sueldos de los egresados por origen de universidad, podemos decir que ya no hay manera de ser engañados, porque padres y jóvenes tienen las herramientas para tomar una buena decisión.

Una prueba de la autoridad que viene ganando esta institución en el sector es la información brindada hace algunos días respecto a que solo 14 de más de 140 universidades a escala nacional cuentan con la licencia institucional, y que al menos 60 tendrán que pasar por un nivel de adecuación, lo que demuestra que hay buena respuesta de los supervisados para adecuarse al nuevo esquema.

Sin embargo, aún hay sectores que no se rigen por el nuevo statu quo, y si bien ya no piden la desaparición de la superintendencia, pretenden alterar la composición de su consejo directivo para dar cabida a representantes de los rectores, convirtiéndolos de esta manera en juez y parte de un proceso de fiscalización que debería ser autónomo y transparente.

Como dice el Consejo Nacional de Educación, la reforma universitaria puede mejorarse, pero jamás debemos retroceder.


Fuente: El Peruano

martes, 29 de agosto de 2017

La Sunedu y la reforma de la educación superior universitaria

LA SUNEDU Y LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Por: Diario UNO

Cuando la Sunedu entró en funcionamiento era de público conocimiento que existía un problema de calidad en las universidades, pero nadie imaginaba los altos niveles de informalidad que se han encontrado.

JERRY ESPINOZA SALVATIERRA

Director de Supervisión de la Sunedu, a la luz de un artículo crítico de algunos puntos del trabajo de la Sunedu del doctor Luis Piscoya Hermoza.

En estos días en los que está en debate la baja calidad de la educación escolar y cómo ello afecta directamente el futuro de los niños y jóvenes de nuestro país, resulta inevitable pensar que uno de los factores que inciden directamente en este problema es el nivel profesional de los docentes que se vienen graduando de las universidades.

Ya en el 2010 el Tribunal Constitucional declaró que el sistema universitario tenía un problema estructural pues existe exceso de oferta educativa y la calidad es diversa. Ello se manifiesta, por ejemplo, con la prestación del servicio educativo en centros universitarios ubicados sobre restaurantes de comida china, al lado de factorías de automóviles y en casas de familia.

Por ello, en julio del 2014 se promulgó una nueva Ley Universitaria que propone una verdadera reforma educativa, estableciéndose que todas las universidades pasen por una evaluación de estándares mínimos de calidad; la supervisión efectiva de un servicio público esencial; y la creación de una Superintendencia que realice estas funciones.

Se requirió algún tiempo para que la Sunedu se implemente efectivamente. Se trata de una nueva institución que recién en el 2016 funcionó legitimada por el Tribunal Constitucional. En primer lugar, promovió el cambio de gobierno de las universidades públicas a través de elecciones universales con participación de todo el cuerpo docente y estudiantil, con buenos resultados: 30 de 31 universidades han elegido a nuevas autoridades.

En paralelo, la Sunedu aprobó condiciones básicas de calidad para empezar a solucionar el problema estructural del sistema universitario. Esta norma prioriza aspectos de investigación, infraestructura, planes de estudio y contratación de docentes a tiempo completo, entre otros. Es importante señalar que la Sunedu tiene el encargo de asegurarse que todas las universidades sean evaluadas bajo estas condiciones. No es deber de la Sunedu licenciar a todas las universidades, sino el de ellas demostrar que cumplen con los requisitos. Decir lo contrario implicaría que la Sunedu deje de lado su rol técnico-evaluador.

Por eso el trabajo de la Sunedu no puede medirse considerando el número de universidades que han alcanzado el licenciamiento (14 a la fecha), sino el número de universidades que viene evaluando de manera efectiva (106). Es decir, al menos el 75% de las universidades a nivel nacional vienen siendo evaluadas por la Sunedu de acuerdo con el cronograma.

Por otro lado, la entidad viene desarrollando una ardua tarea en la lucha contra la informalidad. Cuando la Sunedu entró en funcionamiento era de público conocimiento que existía un problema de calidad en las universidades, pero nadie imaginaba los altos niveles de informalidad que se han encontrado. Las acciones de supervisión han detectado 124 programas académicos de pre y posgrado que no cuentan con autorización en 19 universidades y 79 establecimientos no autorizados en 43 provincias del Perú creados a pesar que una ley moratoria lo prohibía.

Afrontar este grave problema no solo pasa por exhortar el cierre de programas o establecimientos y una eventual sanción a las universidades, sino por brindar opciones a los estudiantes afectados. Por ello, la Sunedu ha emitido normativa para que se realicen exámenes de admisión especial que midan conocimientos adquiridos, y se elaboren planes de reubicación bajo criterios de accesibilidad (económica y geográfica).

¿Cómo es posible que las universidades hayan actuado al margen de la Ley sin que esto haya sido detectado por el Estado? Antes no existía un ente supervisor que evaluara no solo la calidad, sino que el servicio se encuentre autorizado. Es la primera vez que en el Perú tenemos un mapa completo de la oferta educativa autorizada legalmente, y podemos informar a la ciudadanía que existen 2657 programas académicos de pregrado, 3407 de posgrado y, al menos, 333 establecimientos universitarios, que cuentan con autorización. Toda esta información es de fácil acceso a través de la web de la Sunedu para que los peruanos puedan tomar mejores decisiones al momento de elegir una carrera universitaria.

A pesar del poco tiempo de ser creada y de funcionar de manera efectiva, la Sunedu ha conseguido iniciar la reforma de la educación universitaria. El avance de este proceso debe ser valorado por su minuciosidad más que por su celeridad, y pensando en no perjudicar a los estudiantes. Su éxito se reflejará en una educación universitaria más igualitaria que impulse el desarrollo del país.

ALGO MÁS

El trabajo de la Sunedu no puede medirse considerando el número de universidades que han alcanzado el licenciamiento (14 a la fecha), sino el número de universidades que viene evaluando de manera efectiva (106). Es decir, al menos el 75% de las universidades a nivel nacional vienen siendo evaluadas por la Sunedu de acuerdo con el cronograma.


Fuente: Diario Uno

jueves, 23 de marzo de 2017

El Niño Costero en Perú y Ecuador

Imitemos lo bueno…

Inversión en proyectos multipropósitos protege al Ecuador del “Niño Costero” (Video)

Samborondón (Guayas).- En su visita al cantón El Triunfo, el Presidente Rafael Correa recibió muestras de agradecimiento por parte de la población de la zona que en este invierno no ha sufrido inundaciones gracias al funcionamiento del proyecto de control de inundaciones Bulubulu.

Este proyecto fue inaugurado en abril del 2015 y protege a más de 65 mil personas de las provincias de Cañar y Guayas. La derivadora Las Maravillas, parte del Sistema de Control de Inundaciones Bulubulu, es la que evita que El Triunfo sufra los embates del invierno.

Este año en particular con el fenómeno de El Niño Costero comunidades del país vecino, Perú, se han visto severamente afectadas, mientras que Ecuador “está intacto” como recogen medios de comunicación peruanos.

La decisión política del Gobierno de la Revolución Ciudadana emprendió la construcción de seis megaproyectos hídricos postergados por décadas por los gobiernos de turno. Los proyectos Bulubulu, Cañar, Naranjal y el multipropósito Chone controlan inundaciones (el último también es para riego) y los Trasvases Chongón – San Vicente y el Daule –Vinces llevan riego para las zonas agrícolas.

Durante el conversatorio con medios de comunicación de Guayaquil, el Primer Mandatario dijo que los seis megaproyectos hídricos construidos durante los diez años de gestión gubernamental han sido la mejor inversión que ahora permiten al país ahorrar centenas de millones de dólares.

En ese sentido, precisó que si bien no existe un retorno financiero directo para el Estado sí existe un alto retorno social al evitarse pérdidas de vidas humanas y de producción agrícola.

“Una buena inversión es el mejor ahorro”, ratificó el Presidente a lo destinado a estos proyectos, que los opositores han tildado despectivamente como “gasto público”. LI/El Ciudadano


Fuente: El Ciudadano


miércoles, 22 de marzo de 2017

Construyamos las bases materiales, políticas e ideológicas de la república

Reflexiones en torno a una tragedia

Escribe: Carmen McEvoy

“Pagamos nuestros tributos y vivimos como indigentes”. Esta contundente frase, pronunciada por un damnificado por el huaico, alude a la noción de una ciudadanía económica traicionada. Subrayando, además, la miseria física y moral que nos embarga. Porque más allá de los terribles errores –por no decir delitos penales– que han llevado a este megadesastre, la naturaleza se ha encargado de desnudar todas nuestras carencias. Desde la ineptitud de un alcalde que luego de tirar varios millones de dólares al agua insultó al presidente, hasta la precariedad absoluta que define la vida cotidiana de miles de compatriotas. Peruanos que, como nos recordó una vecina de la ribera del río Rímac, son seres humanos e hijos de un país rico y potente, aunque denigrado y maltratado de manera sistemática. Porque a estas alturas creo que resulta obvio lo poco que nos amamos y el ínfimo respeto que mostramos por esa naturaleza reverenciada por nuestros ancestros.

Es sabido que cuando la naturaleza habla los sabios guardan silencio, mientras que en el resto, aterrados por su lenguaje violento, afloran las pulsiones más primarias. De ello dio cuenta, hace poco, ese estridente “me zurro en eso” de una popular animadora reciclada en comentarista de noticias. Porque lo que venimos padeciendo –y de lo cual el huaico es la expresión más radical– tiene una estrecha relación con las endémicas zurradas cargadas de incompetencia, rapacidad, mala educación y falta de amor por el Perú. Empezando con las de nuestros gobernantes (uno preso y el otro fugado) hasta las perpetradas por los traficantes de tierras, los mineros ilegales, los funcionarios corruptos, los destructores del bien común y toda esa caterva de demagogos que ahora corren a ponerse las botas de goma para la foto de rigor.

Lo único que resulta viable en el Perú, dijo alguna vez Federico More, es lo inverosímil y lo imprevisible. La compleja historia de un país cuyo nombre nació de una confusión que, para sorpresa de muchos, logró imbricar lo occidental con lo indígena, se ha visto asociada al concepto del anteproyecto. El que, de acuerdo con Luis Jaime Cisneros, no alcanza a divisar el horizonte de su propia tarea, no alcanza a descubrir los caminos que son capaces de hacer viable un proyecto titánico, por nuestra diversidad y la vastedad de un territorio indomable.

La consecuencia de este vivir en anteproyectos constantes, de “voluntades intermitentes de realización”, podría explicar la sucesión de discontinuidades que, de acuerdo con Cisneros, caracterizan la historia del Perú. Una república de hombres visionarios que se ven constantemente desbordados por la coyuntura. Ese reino de la contingencia donde terminan sus días baleados por la espalda –como fue el caso de Manuel Pardo– o desterrados y con una inmensa pena en el corazón –como le ocurrió a José de la Mar–.

¿Será posible que un país fracturado por el embate de la naturaleza y desnudo en todas sus miserias y contradicciones pueda imaginar un gran proyecto nacional de cara al bicentenario de la independencia? “Yo escojo la esperanza”, afirma el hombre cuyo padre dignificó a los leprosos y al que la historia le ha asignado la tarea de liderar una labor monumental por no decir imposible.

Porque lo que tenemos al frente, luego de que el ciclo de huaicos termine, no es una reconstrucción, como Jorge Basadre denominó al período posterior a la Guerra del Pacífico. Lo que nos espera, si queremos actuar de acuerdo con la grandeza del país que nos vio nacer, es la construcción de las bases materiales, políticas e ideológicas de la república.

El plan urbanístico para el nuevo Perú deberá contemplar los valores de igualdad, justicia y democracia que definieron nuestra liberación del yugo español. Y para ello hay que tener recursos (con los cuales contamos), pero por sobre todo una visión de país y una actitud de servicio casi monacal. En breve, un amor entrañable por ese “bello durmiente” al cual se ha despreciado a lo largo de los siglos.

Y ese amor está surgiendo ante nuestros ojos y en medio del desastre. No hay más que ver a los miles de jóvenes voluntarios recibiendo y seleccionando donaciones en los centros de acopio, al personal de nuestras Fuerzas Armadas entregando sus vidas en el rescate de miles de compatriotas, a ese peruano llorando desconsolado luego de haber rescatado a sus dos perritos o a los que van al lugar de la emergencia llevando ayuda e ilusión a quienes más lo necesitan.

Hay tantas y tantas historias de generosidad y fortaleza que conmueven hasta las lágrimas. La de Evangelina Chamorro luchando contra la muerte por volver a ver a sus dos hijas es la más impactante. Por todo lo anterior, comparto la esperanza que mueve a nuestro presidente y a todo su gabinete. Un gabinete que puede encontrar en esta coyuntura la inspiración que le ha estado faltando para hacer de la empatía y el proyecto de reforma su dirección.

Si articulamos un proyecto innovador, a nivel material y cultural, será posible que finalmente encontremos el camino hacia ese destino grande que la historia, estoy segura, guarda para todos nosotros.

Fuente: El Comercio

jueves, 16 de febrero de 2017

Universidad Nacional Agraria La Molina, sería la primera universidad pública que obtenga su licenciamiento de SUNEDU

La Agraria será la primera universidad pública en obtener su licenciamiento

De las 41 que funcionan hoy. SUNEDU informó que es la que mayor avance tiene al cumplir con el 70% de indicadores de calidad en infraestructura, equipamiento, planes de estudios y docentes. Recién a fines del 2018 se sabrá cuántas cerrarán.

Escribe: Carlos Contreras

La primera universidad pública que obtendrá el ansiado licenciamiento institucional, de las 41 que funcionan actualmente en el país, será La Agraria La Molina. ¿Cómo lo hizo? Cumpliendo indicadores.

Así lo confirmó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), que empezó este proceso en diciembre de 2015.

Es importante señalar que con el licenciamiento institucional, la SUNEDU asegurará que las 142 universidades que hay en el país, tanto públicas como privadas, cumplan con presentar condiciones básicas, ya sea en infraestructura, equipamiento, docentes o planes de estudio (ver infografía).


Por ello, una vez que logran aprobar este proceso, las casas de estudio reciben una autorización para seguir funcionando por ocho años más. A la fecha, solo 10 particulares lo han conseguido, entre las que destacan la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la de Lima, la de Piura, la Ricardo Palma, entre otras.

La titular de la SUNEDU, Lorena Masías, informó a La República que La Agraria es la universidad pública que tiene mayores avances, ya que ha conseguido cumplir con el 70% de los 55 indicadores de calidad establecidos para cumplir con la primera fase de revisión documentaria.

"Hasta diciembre pasado, La Agraria cumplía con el 40% de indicadores de calidad, pero en estos meses ha avanzado mucho, por lo que a fines de este mes estamos programando iniciar la segunda fase de verificación presencial. Por ello, estimamos que esta sería la primera universidad pública en obtener el licenciamiento institucional", explicó Masías.

Al respecto, el rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Enrique Flores, señaló que, según sus estimaciones, su gestión ha cumplido con el 97% de indicadores en el proceso de licenciamiento. Dijo además que solo faltaría presentar las certificaciones de habilitación urbana y de servicios básicos (saneamiento).

"Nosotros no tenemos problemas con los requerimientos referidos a la calidad académica sino que nos falta cumplir con las certificaciones de habilitación urbana, ya que el campus es de 90 hectáreas y la mayor parte es rural, por nuestra formación tecnológica", explicó Flores, quien agregó que en estos días firmará un acta de acuerdo con la SUNEDU, en la que se comprometerán cumplir en el breve plazo con estos requerimientos.

Precisamente, para el promotor de la Ley Universitaria, el ex congresista Daniel Mora, el mayor problema que enfrentan las universidades públicas es la irregular condición de los títulos de propiedad de sus sedes principales que no están saneados.

"El licenciamiento manda que los terrenos tengan títulos y certificados adecuados para evitar futuros desalojos o embargos que perjudicarían solo a los estudiantes (...) En el caso de las privadas, hay un grupo que tiene cuantiosas deudas", precisó Mora.

¿Y las demás?

A la fecha, de las 142 universidades que existen en el país, 10 privadas ya han obtenido su licenciamiento y otras 83 están cumpliendo con el proceso, según el cronograma establecido por la Sunedu. De esta última cifra, 23 son públicas y entre ellas están la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Mayor de San Marcos y la San Antonio de Abad del Cusco.

"En el caso de la UNI, la UNMSM y la San Antonio, tienen un avance lento. Lo que pasa es que a diferencia de La Agraria, que tiene 8 facultades, estás tienen más de 20 y eso hace que su proceso sea más complejo", indicó la titular de la SUNEDU.

Según el presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP), Jorge Alva, quien además es rector de la UNI, el mayor problema está vinculado al presupuesto, sobre todo para los costos del licenciamiento vinculados al mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento y las necesidades de acreditación y certificación académica.

Para Masías, la deficiencia que encuentran las universidades están vinculadas a factores propios de estas, como el número de facultades con las que cuentan y los modelos de gestión que tienen.

Para la SUNEDU, a finales de 2018 la mayoría de universidades deben tener su licenciamiento institucional. Recién entonces se podrá saber si los denominadas centros "chicha" cerrarán definitivamente.

“Las privadas deben pagar impuestos”

El presidente de la ANUPP precisó que las universidades privadas no deben estar exoneradas del pago de impuestos, ya que en la práctica implica privar de recursos a las públicas. "Lo recaudado pasaría a constituir un fondo intangible para el fortalecimiento de la universidad pública. En el licenciamiento debe haber un trato igualitario".

Se debe precisar que de las 142 universidades que hay en el país, 10 solo existen en el papel, porque fueron creadas por ley, pero no tienen autorización alguna.

La Sunedu informó que  este 2017 realizará 900 acciones de supervisión en las universidades del país. Solo en lo que va del año se ha detectado que 12 brindaban 57 carreras de pregrado sin tener autorización para ello.

Durante el 2016, la SUNEDU registró 242 mil 873 grados y títulos nacionales.

En cifras
317 mllns de soles en infraestructura administran las universidades públicas.

220 mllns de soles ha destinado el MINEDU para el licenciamiento y convenios de gestión.


Fuente: La República

miércoles, 1 de febrero de 2017

Dilemas y vicisitudes de la autonomía de la SUNEDU y su Superintendente

Dilemas y vicisitudes de la autonomía de la SUNEDU y su Superintendente

Escribe: Flavio Figallo Rivadeneyra

Uno de los temas en el que se concentra el debate sobre la ley universitaria es la existencia de una superintendencia que regule la adecuación de las universidades a las exigencias de la ley universitaria y vaya mejorando las Condiciones Básicas de Calidad exigibles para el Licenciamiento dentro de una lógica de mejora continua. Las diferentes posiciones sobre el punto pueden acomodarse en solo dos grupos, el primero que señala que no debe existir una superintendencia y que la autorregulación es el camino, y una segunda que dice que hay que mantener, pero reformar, esta institución.

En el primer paquete se encuentran los "obtusos" que sostienen que más allá de lo que haya resuelto el Tribunal Constitucional en dos ocasiones, SUNEDU con su sola existencia viola la autonomía universitaria, y por tanto es, a su inspirado entender, inconstitucional. Los argumentos son variados y no en todos los casos exigen la desaparición del organismo: los de la vieja izquierda sueñan con un platónico gobierno a cargo de los sabios elegidos entre los sabios y progres, y sostienen que lo demás es argolla y arbitrariedad; pero también están los falsos profetas que sostienen que ningún control es constitucional y reforman tanto la composición de la SUNEDU que resulta siendo igualita a la antigua carreta de la ANR que condujo a la universidad a la precariedad en la que se encuentra. En general ha ganado consenso que la resistencia es producto de los mezquinos intereses de los propietarios de las universidades negocio, con ese consenso pasan desapercibidos los que resisten la SUNEDU en defensa de las antiguas mafias que usaron de la universidad pública para intereses de grupo, cuando no partidario.

En el segundo grupo están los pragmáticos que señalan que de lo que se trata es de acordar condiciones mínimas y garantizar la autonomía de la SUNEDU. En este conjunto las discusiones son sobre lo mínimo de las condiciones básicas, el tiempo de implementación, y el grado de dependencia de la SUNEDU respecto del Ministerio o Ministro de Educación. Para asegurar sus objetivos proponen algunos cambios en la composición de los miembros de su Consejo Directivo (uno o dos representantes adicionales), y respecto de la autonomía del MINEDU proponen mejor una dependencia de la PCM, o un nombramiento por concurso (hay quienes agregan con aval del Congreso) y por cinco años del Superintendente.

Aunque cualquier movimiento social mezclan intereses diversos, hay que advertir que los privados y públicos dispuestos a mejorar se alinean mejor en el segundo paquete, mientras los privados y públicos de tendencia mercantilista se identifican con el primero.

Lo interesante es que en el debate nadie parece argumentar las características que la SUNEDU debe tener en tanto ente regulador cuya finalidad es el "mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias", y en cómo debe organizarse para que sea capaz de tomar "decisiones concretas, sabiamente adaptadas a los casos particulares" . Para ello por ejemplo se requeriría que los consejeros, además de poseer una alta capacidad profesional, tengan la mayor independencia de los regulados, consumidores, intereses privados, autoridades políticas interesadas. Y también que la institución posea por supuesto la mayor autonomía en su organización y manejo de recursos. La clave de la independencia está en los criterios para la selección y nombramiento de los miembros del Consejo Directivo, la exclusividad de sus funciones y el carácter inapelable de sus resoluciones.

¿Cómo elegir a sus miembros? De la misma manera que en otros casos similares sus miembros deben contar principalmente con experiencia profesional en asuntos que se relacionan con los objetivos de la SUNEDU; es decir, ser ejecutivos y profesionales competentes para determinar condiciones mínimas de calidad de los servicios educativos universitarios, fiscalizar el uso de recursos públicos, y supervisar lo que manda la ley para todas las universidades. Es mejor aún si la formación y trayectoria académica de los miembros se relaciona con alguno de los aspectos mencionados desde el punto de vista legal, administrativo, económico o de implementación de políticas. Y mejor todavía si sus reflexiones no se han agotado en las dinámica de instituciones aisladas y son capaces de representarse el sistema de educación superior y la articulación entre universidades de diversas misiones referidas a diversos entornos económico-sociales y diversas áreas profesionales.

El superintendente por su parte puede elegirse entre ellos, o entre candidatos propuestos por el ejecutivo que reúnan las mismas condiciones de sus miembros, y cuya permanencia esté garantizada por un periodo presidencial. Supeditar al superintendente al baloteo de una aprobación congresal puede ser un riesgo si queremos asegurar su independencia política.

Visto así no resulta tan claro que rectores, ex rectores, propietarios de universidades, entre otros, sean los más idóneos para conformar la SUNEDU, su independencia y competencias podrían cuestionarse.

SUNEDU debe actuar en pro de la mejora continua de un conjunto muy diverso de instituciones cuyos tiempos, procesos y estados requieren ser considerados. Una universidad que funciona en edificaciones históricas requiere seguro de mayor tiempo de adaptación, una universidad pública tiene procedimientos de inversión diferentes de las privadas, hay "islas" de calidad que pueden ser preservadas y fortalecidas; la supervisión es vigilancia, pero también acompañamiento; licenciar universidades que nunca han funcionado requiere seguramente de medidas adicionales. SUNEDU debe alentar la calidad sin condenar la diversidad, sea porque siempre puede haber más de una solución a los problemas, o porque las misiones institucionales deben ser compatibles con las necesidades de la sociedad.

Todo esto no garantiza que la sabiduría de las decisiones se adapte a los casos particulares, pero nos acerca a ello.